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El decreto ley 1097, que entró en vigor ayer, establece que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad rige en el país desde el 9 de noviembre de 2003, cuando Perú se adhirió a ese convenio.

El texto obliga además al cierre de una causa y el sobreseimiento de los acusados de violaciones a los derechos humanos si se excede el plazo de 36 meses desde el inicio de la instrucción, y habilita a militares y policías a cumplir arrestos domiciliarios en "instalaciones militares o policiales" y al pago de las multas para salir en libertad condicional por parte de las instituciones armadas a las que pertenecen.

Por este decreto, varios integrantes del paramilitar Grupo Colina pueden quedar en libertad próximamente.

"Esta es una nueva forma de libertad que se estaría dando inmediatamente con nombre propio. ¿Quiénes están por expedir sentencia? El Grupo Colina. Se pone fin al proceso, se les da libertad. El proceso continúa pero con las personas en libertad, advirtió Gloria Cano, abogada de la familia de las víctimas de La Cantuta y representante del Instituto de Defensa Legal (IDL).

El temor es que algunos condenados, entre ellos Fujimori, cuestione ante el Tribunal Constitucional la sentencia en su contra. La situación podría repetirse con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, y otros ex ministros y altos mandos militares del régimen fujimorista (1990-2000).

Los casos emblemáticos que podrían cerrarse son, entre otros, las matanzas de más de 100 presos por terrorismo en 1986 en el penal de El Frontón; la de 25 campesinos en 1988 en la localidad de Cayara; la de 15 personas en 1991 en Barrios Altos; y la de 42 reclusos en 1992.

Por el primero de los casos, la matanza de El Frontón, está acusado el presidente García, bajo cuya primera gestión ocurrió la masacre. Una fiscal determinó que en este caso sólo se había comprendido a los autores materiales, pero también recomendó que se determine y procese a los autores intelectuales.

Por esa figura pueden llegar a ser juzgados García, su entonces ministro del Interior Agustín Mantilla y el ahora vicepresidente Luis Giampietri, que como jefe de Armada comandó las operaciones militares en El Frontón.

El abogado Carlos Rivera, también del Instituto de Defensa Legal, advirtió que el decreto podría anular la condena de 25 años de cárcel que Fujimori cumple como autor mediato de dos matanzas y otros crímenes cometidos antes de 2003, en su decenio de gobierno (1990-2001).

Entre los potenciales beneficiarios de la polémica norma figuran igualmente cerca de 60 ex militares condenados o procesados por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000.

En cuanto al plazo máximo de 36 meses para las investigaciones, el director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velazco, señaló que por la complejidad de ese tipo de procesos "demoran mucho más tiempo", y coincidió con que el gobierno busca "la impunidad de los criminales".
 
Según la agencia Prensa Latina, familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos pidieron al gobierno dejar sin efecto los cuestionados decretos.

El pedido fue hecho por los padres de la ex agente de Inteligencia Mariella Barreto, descuartizada por el Grupo Colina por supuesta infidencia, y del estudiante Kenneth Anzualdo, secuestrado y desaparecido por querer atestiguar en el caso de un amigo que había corrido similar suerte.

También reclamaron los deudos de las 25 víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, detenidos inermes ultimados por el Grupo Colina, por las que fue condenado Fujimori.

El dirigente Miguel Jugo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, consideró que los decretos gubernamentales constituyen "un grave retroceso en materia de derechos humanos" y Miguel Huerta, de la Comisión de Derechos Humanos, adelantó que varias ONGs denunciarán las normas ante el Tribunal Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.